El Granada afronta uno de los momentos más decisivos en su historia moderna y el partido no se juega sobre el terreno de juego. Este martes, en la Sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, arranca el juicio del Caso Líbero por tres delitos agravados contra la Hacienda Pública en 2013, 2014 y 2015.
En el juicio están acusados Gino Pozzo y Quique Pina, ex presidente de la entidad nazarí, además de Raffaele De La Riva, titular de una presunta empresa pantalla, y Jordi Trilles, exmiembro del Consejo de Administración, para los que la Fiscalía solicita 12 años de prisión y multas de 27 millones y medio de euros para cada uno, excepto para el empresario italiano, para quien la eleva a 36,5 millones de euros.
Por su parte, para el Granada, como persona jurídica, el Ministerio Público reclama tres multas; la primera de 1,9 millones de euros por el año 2013, de 17 millones por el ejercicio de 2014 y de 8 millones por 2015, además del pago a todos los acusados “con carácter solidario y por partes iguales el importe correspondiente a las cuotas no ingresadas del Impuesto de Sociedades”, en total 9,4 millones de euros más.
Según el escrito de la Fiscalía, los acusados “pusieron en marcha un plan criminal a largo plazo, que a partir de la toma de control del Granada en el año 2009, y mediante la ejecución de una compleja estrategia les permitiría que las plusvalías que fuera obteniendo el club mediante el traspaso de jugadores profesionales de fútbol se transfirieran artificialmente a Luxemburgo y no tributasen en España, obteniendo así un notable lucro económico en perjuicio de la Hacienda Pública nacional”.
Esta causa afectará de forma directa al proceso de venta en el que se encuentra inmerso el club desde hace meses, con varios interesados en hacerse con el control de la entidad nazarí, y puede repercutir de forma dramática en las ya de por sí maltrechas arcas del club, a pesar de que hace tiempo que hay una cantidad consignada en las cuentas para las posibles sanciones.
