El Instituto de las Mujeres ha servido como sede para la presentación del 'Informe sobre la situación laboral, económica y de bienestar de las jugadoras de Primera división de fútbol sala femenino', elaborado a partir de una encuesta anónima en la que, durante la temporada 25-26, participaron 182 futbolistas, léase el 95% de la categoría. Después de que Natalia Orive, presidenta de la Asociación de Jugadoras (AJFSF), y Julia Dupuy desarrollaran el contenido, el acto ha contado con un coloquio conducido por Belén Macías y en el que participaron las futbolistas Irene Córdoba, María Barcelona y Laia Rojo, así como la abogada María José López González, especialista en derecho deportivo.
La encuesta en cuestión pasaba específicamente por seis puntos: conocer las condiciones contractuales y retributivas de las jugadoras, analizar la regularidad en el pago de los salarios y la existencia de incentivos económicos, examinar la compatibilidad entre la práctica deportiva y otras actividades laborales o formativas, evaluar el nivel de exigencia deportiva percibido y su impacto en la salud mental, identificar los principales factores de insatisfacción y riesgo de abandono deportivo y, por último, explorar la percepción de las jugadoras sobre la necesidad de un convenio colectivo o de un marco de condiciones mínimas.
La firma de contratos federativos ha mejorado respecto a la campaña 21-22, incrementándose en un 21,4% para pasar del 56,5% al 77,9%. Aun así, sigue habiendo un 22,1% de jugadoras que no están dadas de alta en la Seguridad Social y un 9,9% con contratos verbales, "lo que produce inseguridad jurídica y vulnerabilidad laboral". En cuanto a la retribución económica, el 98% de las futbolistas afirma recibir salario, aunque un 14% no lo cobra puntualmente. El bloque salarial bajo (menos de 500 euros mensuales) concentra al 31,8% del total, el intermedio (hasta 1.000) al 34,7% y el alto (más de 1.000) al 33,5% restante.
"El bloque salarial bajo pone de manifiesto", según el informe, "una situación de elevada precariedad económica, especialmente si se tiene en cuenta el nivel de exigencia deportiva, física y de dedicación que implica competir en la máxima categoría". El hecho de que hasta un 62% de las jugadoras se maneje sin representante, además, "provoca acuerdos menos favorables [...] en contextos donde existe necesidad económica o falta de referencias salariales comunes". Las diferencias, en fin, "pueden influir en el equilibrio competitivo y en las oportunidades de desarrollo profesional".
En cuanto a la carga de entrenamiento y exigencia deportiva, el hecho de que hasta un 98,4% de las jugadoras se ejercite como mínimo cuatro días indica que "la Primera división requiere un compromiso intenso y constante, tanto físico como mental", bajo los estándares del alto rendimiento, lo que puede derivar en "estrés acumulativo, sensación de vulnerabilidad y desgaste emocional". El 86% de las futbolistas realiza además otra actividad (estudio, trabajo o ambas), mientras que el 85% de las que compaginan élite deportiva y mundo laboral asegura hacerlo por necesidad económica.
"Cerca del 70% de las jugadoras ha tenido dudas sobre continuar su carrera", sentencia el informe acercándose al desgaste físico y mental como causa principal. El 76,7%, continuando con los porcentajes, sitúa en niveles altos o muy altos el impacto de su actividad deportiva en su salud mental: "No debe interpretarse como un rechazo [...], sino como una señal de desequilibrio entre exigencias y apoyos disponibles". Los datos, así, mostrarían que no es posible sostener un alto nivel de exigencia sin garantizar condiciones básicas de cuidado a través de un marco normativo que se sigue echando en falta.
Las respuestas, en fin, centran las tres prioridades en cuanto a mejoras en tres pilares: estabilidad económica (salarios, sí, pero también visibilidad y difusión de la propia Liga), protección física (prevención y tratamiento de lesiones) y salud mental (con apoyo psicológico). Para acercarse a todo ello, existe un amplio consenso a favor de un convenio colectivo o un acuerdo de condiciones mínimas, entendido como "inversión estructural que impulsaría la profesionalización, mejoraría la reputación del fútbol sala femenino y sentaría las bases para un crecimiento sostenible" que beneficiaría a las jugadoras, sí, pero también a clubes, federación y patrocinadores.
